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Cumbre Presidencial de Monterrey
AVANCES Y DESAFIOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
Propuestas presentadas a los ministros de relaciones exteriores de las Américas
por 55 organizaciones ciudadanas asistiendo a la Cumbre de Monterrey.
Crecimiento económico con equidad
Políticas macroeconómicas
Debe revisarse la política de subsidios en cada país a fin de asegurar por una
parte la sustentabilidad y competencia leal del sector agropecuario y por otra
el acceso de las personas más desprotegidas, a bienes y servicios que les
permitan el ejercicio de sus derechos humanos.
Debe incorporarse dentro de las normas de libre comercio, la tendencia a lograr
en los países, proporcionalidad entre el ingreso de las personas y el costo de
los bienes y servicios.
Al promover y fomentar la inversión extranjera, los Estados deben asegurarse
que las empresas respeten los derechos humanos laborales reconocidos nacional e
internacionalmente, la protección del ambiente y la contribución fiscal en
igualdad de condiciones respecto del sector productivo nacional.
Crecimiento con calidad
La comunidad democrática debe proteger y fortalecer los derechos laborales
incluyendo los mencionados en la Declaración de 1998 de la OIT (Organización
Internacional del Trabajo) sobre los Derechos fundamentales de los trabajadores.
Política migratoria
Las políticas macroeconómicas implementadas en los países de la región, han
generado desempleo y desatención al sector agropecuario, provocando a su vez
migraciones en busca de fuentes de subsistencia enfrentando desprotección y
violación de derechos. Los Estados deben asegurar a las personas y familias
migrantes, respeto a sus derechos humanos en igualdad de condiciones que los
nacionales, sin discriminación alguna.
Tierra y recursos naturales
La propiedad de la tierra y los recursos naturales no es una mercancía sino un
derecho que es fuente de vida de los pueblos. Por ello, los Estados deben
garantizar, especialmente a los pueblos indígenas, la protección y respeto de
los derechos colectivos sobre dichos bienes.
Desarrollo Social
La superación de la pobreza, el hambre y la desigualdad social son grandes
retos que enfrentan muchos países del hemisferio. Estamos convencidos que las
políticas económicas y sociales coordinadas e integradas son un requisito para
el éxito en el combate contra la desigualdad de oportunidades y contra la
marginación; y que ambas son esenciales para edificar una sociedad más justa.
Reconocemos la urgencia de que se fortalezca en la OEA los mecanismos de la
lucha contra la pobreza. Para ello es esencial la observancia, respeto y
justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
(desca) y consecuentemente proponemos lo siguiente:
Participación social
Institucionalizar la participación de la sociedad civil en las políticas
sociales, tanto en su diseño como en su priorización, ejecución y evaluación.
Instamos a los Estados a que mediante un proceso de negociación, declaren el
reconocimiento del derecho de la sociedad civil en la participación en procesos
de toma de decisiones plasmado en un instrumento hemisférico que contemple los
principios y estándares mínimos a ser respetados con respecto a la participación
y que los países en su jurisdicción doméstica los cumplan en sus leyes
nacionales.
El Estado debe garantizar progresivamente los derechos humanos y el acceso a los
servicios públicos básicos. Esta garantía debe tener primacía frente a los
acuerdos comerciales internacionales. Se debe garantizar el acceso a la salud,
educación, trabajo, el agua potable entre otros derechos. Si los servicios públicos
se tercerizan mediante el sector privado, el Estado debe seguir siendo garante
de los mismos. Se debe respetar el principio de no regresividad.
Apoyamos a los Estados en el reconocimiento de la importancia de la promoción y
observancia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Educación
Incrementar el porcentaje del PIB nacional para educación. La política
educativa debe: a) Respetar las formas propias que los Pueblos Indígenas poseen
en materia de educación. b) Asegurar la participación de los Pueblos Indígenas
en el diseño y contenido de los programas de educación. c) Garantizar el
acceso de los Pueblos Indígenas a todos los niveles de educación que ofrece el
Estado.
Asumir el desarrollo basado en conocimiento como marco para el desarrollo
integral de la región que permite conjugar las dimensiones social, económica,
política, ambiental y cultural, que rescata a la persona humana y a su entorno
natural como referencia.
La educación en materia ambiental debe ser formal en todos los niveles
escolares.
Relacionar modelos de educación por niveles educativos considerando los
atributos, sustentabilidad, globalidad y regionalización y su relación con los
sectores productivos de cada país.
Salud
Se requiere garantizar el acceso a la salud y a la seguridad social que son
centrales para el logro de un nivel de vida apropiado para toda la población.
En particular, considerando que la epidemia del VIH/SIDA es una amenaza mayor
contra nuestras poblaciones, recomendamos que se destinen fondos suficientes
para garantizar la prevención, educación, acceso a cuidados y tratamientos así
como la investigación. El derecho al tratamiento de esta enfermedad no se debe
ver obstaculizada por cuestiones de propiedad intelectual.
Pueblos indígenas
Reconocer y respetar los derechos colectivos fundamentales de los Pueblos Indígenas
como Pueblos, particularmente el derecho a la libre determinación, conforme a
instrumentos del derecho internacional basado en la Declaración sobre los
derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y el Convenio 169 de la OIT. Estos
derechos son inalienables, e incluyen, inter alia:
El derecho colectivo a las tierras y territorios, incluyendo el derecho al sub-suelo y a los recursos naturales; Libre determinación y autonomía y reconocimiento de las autoridades tradicionales: Respeto y protección de los sitios sagrados, culturales y ceremoniales; Protección de su patrimonio y de los derechos de propiedad intelectual y cultural; Respeto a las leyes y tradiciones orales.
Gobernabilidad Democrática
La democracia está en primer término en manos de la ciudadanía. Tanto la
sociedad civil organizada como los gobiernos compartimos la responsabilidad de
construir conjuntamente las condiciones para lograr una verdadera gobernabilidad
democrática basada en el respeto a los Derechos Humanos. En ese sentido,
hacemos las siguientes propuestas:
Democracia
Que los Estados hagan efectivos los principios y valores contenidos en la Carta
Democrática Interamericana y en la carta de la OEA.
Enfatizamos la importancia de la transparencia en el financiamiento de los
partidos políticos, la consolidación de los sistemas electorales y la
necesidad de avanzar en una reforma política del Estado que se base en el
fortalecimiento de las instituciones públicas y democráticas.
Es esencial garantizar la libertad de expresión y al acceso oportuno a la
información pública a nivel nacional y hemisférico, y para ello proponemos la
realización de una reunión de expertos para avanzar en este tema en lo
relativo a los marcos normativos.
Derechos Humanos
Participación en los Procesos Regionales y de Cumbres
Como organizaciones de la sociedad civil nos preocupa el bajo nivel de
implementación de las Cumbres, lo cual se refleja en el deterioro económico y
social que presenta la Región.
Considerando el compromiso que tenemos en el proceso de Cumbres, nos preocupa el
no haber tenido acceso a los borradores y discusiones preparatorias de México.
Proponemos: 1.- Institucionalizar un espacio de diálogo entre Cancilleres y las
OSCs en la agenda oficial de las Cumbres. 2.- Implementar la recientemente
aprobada Estrategia para Incrementar y Fortalecer la Participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA,
institucionalizando un mecanismo permanente que asegure acceso a la información
en forma oportuna y pertinente, transparencia en los procesos de toma de
decisiones y una participación amplia y plural de la sociedad civil. 3.- En el
corto plazo presentaremos una propuesta de participación de las organizaciones
de la sociedad civil para la próxima Cumbre al Gobierno Argentino a través de
la Secretaría de la Red Interamericana para la Democracia con sede en Buenos
Aires, Argentina.
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